no prorrogar el contrato de fiducia mercantil entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y Fiduprevisora S. A..

La determinación abre una transición administrativa de un año, prorrogable por otro periodo igual, con el propósito de corregir fallas operativas y garantizar la continuidad de los servicios de salud y prestaciones económicas para los docentes y sus familias.

La decisión fue anunciada por el Ministerio de Educación Nacional, en su calidad de fideicomitente, durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fomag. El contrato tiene como fecha de vencimiento el 31 de octubre.

El Ejecutivo explicó que la determinación responde a evaluaciones técnicas, jurídicas, financieras y operativas sobre el funcionamiento del esquema fiduciario. Los análisis contaron con la participación de los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda, así como con aportes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

También se incorporaron hallazgos de organismos de control y observaciones recopiladas directamente del magisterio. Estos elementos sirvieron de fundamento para que el Consejo Directivo optara por no extender el vínculo contractual, que llevaba 36 años vigente.

¿Qué llevó al Gobierno a tomar la decisión?

Uno de los argumentos centrales expuestos por el Ejecutivo es la necesidad de corregir las fallas operativas identificadas en la administración del Fondo. La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a las obligaciones con los educadores.

La ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, señaló que el Fomag constituye el canal mediante el cual el Estado debe responder por los derechos de los maestros. Por eso, defendió la necesidad de asumir la responsabilidad de corregir las falencias documentadas.

Desde el Ministerio del Trabajo, Natalia López Fuentes sostuvo que los problemas administrativos no pueden trasladarse a quienes están afiliados al Fondo. Esta posición pone el foco en las consecuencias que las dificultades de gestión pueden tener sobre los beneficiarios.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó la importancia de asegurar transparencia, trazabilidad y control en la administración de los recursos destinados a la salud de los docentes.

La decisión de no prorrogar el contrato no significa que Fiduprevisora dejará de administrar inmediatamente el Fondo. La información entregada sobre el proceso establece que la entidad continuará a cargo durante el periodo de transición, mientras se implementan los ajustes operativos.

Esta etapa comenzará formalmente el primero de noviembre de 2026 y tendrá una duración inicial de doce meses, con posibilidad de extenderse por un periodo similar. El objetivo es evitar que el cambio administrativo afecte la atención de los afiliados.

Durante ese tiempo, el Gobierno anunció medidas para salvaguardar los tratamientos médicos en curso, mantener el suministro continuo de medicamentos y garantizar la atención de urgencias. También se comprometió a asegurar el trámite oportuno de las prestaciones económicas.

El Ministerio de Educación requirió a Fiduprevisora un plan detallado de actividades operativas para desarrollar durante este periodo. La intención es establecer las acciones necesarias para mantener el funcionamiento del Fondo mientras avanza el proceso de transición.

Adicionalmente, se solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) realizar seguimiento y vigilancia especiales a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), con el propósito de verificar la continuidad y la idoneidad de los servicios.

El cambio administrativo tiene implicaciones para más de 800.000 personas, entre docentes y familiares. Para esta población, uno de los principales asuntos será que la transición no interrumpa los servicios médicos ni los trámites prestacionales.

El proceso también contempla reuniones con las IPS para revisar asuntos financieros y formalizar contratos, además de un seguimiento a la atención médica, la entrega de medicamentos y los servicios de urgencias.

Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca aparecen entre los departamentos priorizados para estas acciones. La continuidad de la operación y el control sobre los recursos serán aspectos centrales durante el periodo transitorio.