El Gobierno hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, así como a los organismos de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que activen los mecanismos disponibles con el objetivo de “evitar que se consolide una dictadura” en Nicaragua.
A través de un comunicado, la Cancillería expresó su “más profunda preocupación y enérgico rechazo” a la aprobación, en primera votación, de una nueva reforma constitucional por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua, al considerar que esta medida “busca liquidar la institucionalidad democrática” en ese país.
En ese sentido, indicó que la reforma plantea la “eliminación de la posibilidad de elecciones libres, la anulación del estado de derecho y la perpetuación de la dictadura familiar” encabezada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Este nuevo nivel de transgresión a los principios más elementales de la democracia y al derecho del pueblo nicaragüense de vivir en libertad constituye un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal de Nicaragua, el cual viola flagrantemente la Carta Democrática Interamericana y todos sus compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos”, señala el pronunciamiento.
Asimismo, aseguró que la aprobación de esta iniciativa reafirma que actualmente “no existen condiciones mínimas para elecciones libres, justas y competitivas” en Nicaragua.
También acusó al “aparato represor” del régimen Ortega-Murillo de “criminalizar en forma sistemática y arbitraria a la legítima oposición democrática” que lucha “por la recuperación de la democracia en ese hermano país”.
Finalmente, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos, y expresó su respaldo al pueblo nicaragüense, a los presos políticos, exiliados y personas perseguidas por reclamar elecciones libres.