Giorgia Meloni ha cumplido 1.413 días en el poder: tres años, 10 meses y dos semanas. Y lógicamente lo celebra como un éxito. El triunfalismo es exagerado, pero hay una explicación: en Italia los Gobiernos han sobrevivido en las últimas décadas una media de seis meses y la duración del de Meloni no tiene precedentes desde la posguerra. Este país ha tenido otros primeros ministros con más años en el cargo, como Alcide de Gasperi, pero con coaliciones cambiantes y distintos equipos ministeriales. Al superarlos, el Gobierno de Meloni se ha convertido en una anomalía también en la Unión Europea. Todavía se encuentra lejos de los socialdemócratas Pedro Sánchez o Mette Frederiksen en Dinamarca —ocho y siete años en el poder, respectivamente—, pero muchos de sus colegas posiblemente envidien su longevidad. Reino Unido ha tenido siete primeros ministros en diez años. Francia, cuatro en los últimos dos. Hoy son otros los italianos de Europa y Roma puede presentarse legítimamente como un ejemplo de previsibilidad.
La imagen de estabilidad que ha logrado proyectar Meloni, sin embargo, tiene algo de espejismo. Porque lo que ha marcado su mandato, además de la duración, ha sido la inacción ante las reformas que Italia lleva tiempo aplazando y que la primera ministra tampoco ha querido o sabido acometer. Cualquier transformación de calado toca privilegios y grupos de poder, y Meloni ha preferido dejarlo todo como estaba. El balance es muy modesto. La inflación está desbocada: desde 2021 el café ha subido un 51%, el aceite un 47% y la energía se sitúa entre las más caras de Europa. El crecimiento es anémico, por debajo del 1%, y la deuda se acerca al 140%. Italia registra además uno de los niveles de gasto claramente por debajo de la media de la UE en sanidad y educación y la vivienda está disparada como en España, mientras que para muchos los sueldos no alcanzan. La primera ministra ha disfrutado de una oportunidad única para sacar la economía del marasmo y la ha dilapidado.
Meloni llegó en 2022 al palacio Chigi con la ambición de reivindicar a su tradición política, heredera del fascismo, tras décadas de ostracismo, y ha intentado poner en práctica su ideología en las políticas de seguridad e inmigración, aunque ha cosechado sonoros fracasos como el del carísimo campo de internamiento en Albania o la derrota en el referéndum sobre la reforma de la justicia. Para el electorado más radical ha sido un fiasco. La primera ministra ha abanderado en la UE las medidas más restrictivas con la inmigración y durante ejerció de emisaria oficiosa de Donald Trump, aunque salió escaldada tras las continuas humillaciones a las que le sometió el presidente estadounidense. Su apoyo a Ucrania y su política económica calmaron los peores temores de sus socios. Y revelaron a una política que ha sabido ser pragmática cuando le resultaba útil y a la vez recobrar sus raíces ideológicas y exhibir su instinto populista cuando le ha convenido. Lo demostró este verano en su choque contra el Gobierno español por la política migratoria. En esta ambigüedad está una de las claves de su supervivencia.